El Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que las personas afrodescendientes en México enfrentan discriminación estructural, perfilamiento racial, exclusión social y falta de acceso a servicios básicos. Al concluir una visita oficial realizada del 11 al 20 de mayo, los expertos señalaron que persiste una brecha entre los avances legales y las condiciones que viven estas comunidades en el país, por lo que urgieron a realizar reformas legislativas, de políticas públicas y educativas para garantizar una igualdad real.
Durante su recorrido por distintas entidades, el Grupo de Trabajo documentó casos de perfilamiento racial en retenes migratorios, aeropuertos y carreteras. Personas afromexicanas reportaron haber sido detenidas para acreditar su nacionalidad mexicana, incluso mediante pruebas como cantar el himno nacional.
En conferencia de prensa, en las instalaciones de la ONU en la Ciudad de México, la presidenta del Grupo de Trabajo, Isabelle Mamadou informó que durante su visita también recibieron testimonios sobre discriminación en escuelas. Entre los casos reportados, señaló que niños y niñas afrodescendientes fueron obligados a cortarse el cabello para poder ingresar a clases.
“”Hemos sabido sobre niños que son obligados a cortarse el pelo afro para poder ingresar en los colegios”, reveló.
Brecha entre leyes y realidad
El informe preliminar reconoce avances como la reforma constitucional de 2024 en materia de reconocimiento de pueblos y comunidades afrodescendientes. Sin embargo, las expertos indicaron que estos cambios no se han traducido en mejoras concretas.
“Hemos escuchado la frase ‘somos los discriminados de los discriminados’ como forma de manifestar que se encuentran en la base de la jerarquía social”, indico la Dra. Catherine Namakla, experta del Grupo de Trabajo.
De acuerdo con información proporcionada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) solo siete de las 32 entidades federativas incluyen la categoría de raza en sus constituciones o marcos normativos, lo que, según el Grupo de Trabajo, evidencia un “importante vacío” en el reconocimiento normativo del racismo en México
La ONU señaló además que la falta de datos desagregados en ámbitos como justicia, migración y representación política impide identificar cómo y dónde ocurren las desigualdades raciales, lo que dificulta el diseño de políticas públicas efectivas.
Mujeres, personas migrantes y comunidad LGBTQ+
El Grupo de Trabajo señaló que la discriminación se agrava en casos donde convergen factores como género, orientación sexual o condición migratoria.
Mujeres afrodescendientes denunciaron violencia obstétrica y prácticas médicas basadas en prejuicios raciales, como la creencia de que las mujeres negras toleran más el dolor, lo que afecta la atención médica que reciben.
El informe también documentó obstáculos para personas migrantes haitianas y africanas, así como para integrantes de la comunidad LGBTQ+ afrodescendiente. Entre los casos reportados, se mencionaron dificultades para acceder a tratamientos contra el VIH y para obtener el reconocimiento legal de identidad de género en personas trans migrantes.
Además, las expertas reportaron la muerte de dos niñas haitianas bajo custodia del Estado en Oaxaca.
“Victimización territorial” y abandono estatal
El Grupo de Trabajo utilizó el concepto de “victimización territorial” para describir las condiciones de abandono en comunidades afrodescendientes con carencias de infraestructura de salud, educación y transporte.
Las expertas señalaron que en localidades como El Azufre, Oaxaca, existen deficiencias graves en servicios básicos y acceso a infraestructura pública. Indicaron que el Estado ha dejado a estas comunidades sin atención suficiente y ha trasladado a la población la responsabilidad de gestionar recursos limitados para cubrir funciones que corresponden a las autoridades.
Ante esta situación, la ONU pidió implementar un programa integral de reconstrucción territorial en el que el Estado asuma la provisión de servicios esenciales.
También indicaron que muchas comunidades afrodescendientes habitan zonas con riesgos ambientales, donde enfrentan con mayor frecuencia afectaciones por huracanes, inundaciones e incendios, sin contar con planes adecuados de prevención o atención.
En la Ciudad de México, el Grupo de Trabajo identificó barreras que limitan la participación y presencia de personas afrodescendientes en distintos espacios sociales y económicos.
“Nos preocupa profundamente que el racismo siga expulsando a las personas afrodescendientes incluso de las estadísticas oficiales. Muchas personas no se identifican públicamente como afrodescendientes o afromexicanas por miedo al racismo y al estigma”, aseguró la Presidenta del Grupo de Trabajo.
Justicia reparadora y autonomía comunitaria
Durante la misión, comunidades afrodescendientes plantearon que la justicia reparadora debe traducirse en medidas concretas para recuperar autonomía económica, política y cultural.
Entre las propuestas recogidas por las expertos se encuentran el impulso al empresariado comunitario y cooperativas; el acceso y control sobre tierras, crédito y mercados; así como mecanismos de autogobierno y administración de recursos por parte de las propias comunidades.
En materia educativa, las comunidades propusieron un modelo diseñado “de, sobre, para y por” los pueblos afrodescendientes. Las medidas incluyen incorporar su historia y aportaciones en los planes de estudio, además de crear un Museo Nacional de los Pueblos Afromexicanos y fortalecer archivos históricos comunitarios.
Empleo, cultura e inversión pública
En materia laboral, el informe señala que solo 34% de la población afrodescendiente cuenta con empleo formal, mientras que la mayoría trabaja en la informalidad.
También señalaron que expresiones culturales afromexicanas son utilizadas con fines comerciales sin que ello represente beneficios directos para las comunidades de origen.
“Su cultura se cosifica, se convierte en un bien mercantil. Esto sucede mucho en las ciudades. Su cultura no se utiliza para enaltecerlos o darles notoriedad en sus comunidades”, indicó Catherine Namakla.
El Grupo de Trabajo sostuvo que el reconocimiento constitucional de los derechos de las poblaciones afrodescendientes requiere inversión pública suficiente para combatir el racismo sistémico y reducir las desigualdades históricas. Según el informe, sin financiamiento y políticas públicas sostenidas no será posible avanzar hacia la igualdad racial en México.
“La igualdad racial no se puede construir sin financiación adecuada. El reconocimiento constitucional también requiere inversión pública”, asevero la Presidenta del Grupo de Trabajo.
Durante su visita oficial a México, que se llevó a cabo del 11 al 20 de mayo de 2026, el Grupo de Trabajo de expertos sobre los Afrodescendientes recorrió las siguientes entidades y localidades:
- Ciudad de México: Donde visitaron, entre otros puntos, la Estación Migratoria de Las Agujas.
- Veracruz: Estuvieron en las localidades de Córdoba y Yanga, incluyendo una visita al Museo Regional de Palmillas.
- Guerrero: Visitaron Acapulco, Cuajinicuilapa y el Museo Afromexicano ubicado en Huehuetán.
- Oaxaca: Se trasladaron a la comunidad de El Azufre.
Además de estos recorridos territoriales, el Grupo sostuvo reuniones de alto nivel en la capital con diversas secretarías de Estado, ambas cámaras del Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Fiscalía General de la República y el Órgano de Administración Judicial. También mantuvieron diálogos con organizaciones civiles, académicos y personas defensoras de derechos humanos en las distintas regiones visitadas.
El Grupo de Trabajo presentará un informe completo sobre su visita al Consejo de Derechos Humanos en septiembre-octubre de 2026.
