Un tribunal federal en Oaxaca ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS) reinstalar a una doctora que fue despedida de forma irregular y reconoció que fue víctima de acoso laboral y sexual por parte del director del hospital donde trabajaba.
La sentencia, emitida por el Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Oaxaca, determinó que el despido fue ilegal y ordenó al IMSS devolverle su puesto como Médico No Familiar, con la misma matrícula y horario, pagarle todos los salarios caídos, más intereses, desde su despido en 2022, y reconocerle toda su antigüedad desde 2007.
Además, el fallo instruyó a la delegación del IMSS en Oaxaca a garantizar un entorno laboral libre de violencia y acoso, tanto para la doctora como para otras trabajadoras bajo el mando del director señalado.
El caso comenzó tras la muerte de una paciente en un hospital rural del Estado. Días después del suceso, el director del hospital elaboró un acta administrativa donde acusó a la doctora de realizar un diagnóstico erróneo y de haber actuado de forma negligente durante una cirugía. El IMSS usó ese documento como base para despedirla el 25 de noviembre de 2022.
Durante el juicio, el tribunal identificó graves violaciones al debido proceso. Señaló que el acta fue redactada de forma unilateral por el director, sin que la doctora pudiera conocer los cargos, presentar pruebas o defenderse. El IMSS tampoco investigó adecuadamente ni llamó a declarar a una médica residente que participó en la intervención quirúrgica.
El tribunal federal concluyó que la doctora fue dejada en un estado de indefensión y que el despido no cumplió con los requisitos del Contrato Colectivo de Trabajo del IMSS.
El órgano federal también solicitó de oficio, es decir, por cuenta propia sin petición de ninguna de las partes, un dictamen pericial independiente en ginecología y obstetricia, con base en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. El resultado arrojó que la doctora actuó correctamente, y que la agravación del estado de la paciente obedeció a otros factores.
La sentencia también confirmó los actos de acoso sexual y laboral por parte del director del hospital, en los que fueron consideradas como pruebas: la denuncia penal presentada por la doctora en mayo de 2022; su declaración directa en el careo ante la autoridad judicial y el testimonio de otra trabajadora que ratificó los hechos.
El tribunal federal subrayó la importancia de considerar la relación asimétrica de poder entre el director y las trabajadoras, y calificó como creíbles y suficientes las pruebas para acreditar el acoso.
En otro aspecto, la doctora relató que el 25 de noviembre de 2022 fue informada verbalmente de su despido, y que el director y otra médica le impidieron ingresar al hospital. Nunca fue notificada formalmente del procedimiento interno que derivó en su destitución, ni tuvo oportunidad de defenderse.
El IMSS intentó notificarle la rescisión del contrato mediante un procedimiento “paraprocesal”, es decir, un mecanismo informal que no cumple con las garantías del debido proceso. Sin embargo, no logró localizarla en el domicilio que había proporcionado, por lo que nunca fue legalmente notificada.
La resolución del tribunal federal es definitiva y ordenó al IMSS a reinstalarla, pagarle salarios caídos, reconocer su antigüedad y tomar medidas para prevenir y erradicar el acoso dentro del hospital.
