En los tribunales de Oaxaca, siete de cada diez personas indígenas privadas de la libertad nunca tuvieron un intérprete; en los hospitales, miles no pueden explicar sus síntomas. A más de 3,000 kilómetros de distancia, en las Cortes de Arizona, Nuevo México y California, la historia se repite para los migrantes que enfrentan redadas y deportaciones sin hablar inglés ni español. Ante este vacío institucional en ambos lados de la frontera, la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales A. C. (REDIN) se ha convertido en el único puente de comunicación para garantizar la justicia y la salud de los pueblos originarios.
Una labor binacional ante la emergencia
La organización ha logrado articular una red que opera simultáneamente en el sur de México y en Estados Unidos. Mientras en Oaxaca combaten la negligencia médica y legal que afecta a 1.2 millones de hablantes de lenguas originarias, en el país del norte han atendido alrededor de 1,700 casos desde 2019, apoyando a migrantes en procesos jurídicos principalmente en lenguas mixtecas, zapotecas, chatinas y mixes.
La demanda de estos servicios fluctúa según la política migratoria; la organización reportó un incremento del 70% en las solicitudes de interpretación durante el primer trimestre de 2025, coincidiendo con el aumento de redadas del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) en campos agrícolas y detenciones en la frontera.
Eduardo Martínez, director ejecutivo de REDIN, explica en entrevista exclusiva para Portal Judicial cómo la política migratoria actual ha transformado su labor en una respuesta de emergencia ante las acciones del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE): “En ocasiones nos hablan que la ICE ha detenido a miles de campesinos en los campos agrícolas y nos advierten que nuestros intérpretes de ciertas zonas estén pendientes durante el transcurso de la noche. (…) Hemos acompañado a personas indígenas por diversos motivos en Estados Unidos, sobre todo detenidas por procesos de migración, a niños no acompañados que se pierden en la frontera y son hablantes de una lengua indígena”.
Para responder a esta demanda, REDIN creó el primer “Manual del intérprete y promotor intercultural”, un instrumento único en México que capacita a sus integrantes no solo en traducción, sino en el funcionamiento del sistema de justicia estadounidense y sus estrictos códigos de ética, muy distintos a los mexicanos.
De las aulas a la defensa de derechos
REDIN no surgió de una política pública, sino de la resistencia estudiantil. La red nació en 2019 como un colectivo de jóvenes universitarios que, tras enfrentar racismo y discriminación en su educación superior, decidieron organizarse al notar que sus propios familiares enfrentaban juicios sin entender el idioma. Su trabajo cubre vacíos institucionales en un estado como Oaxaca, donde existen 1.2 millones de hablantes de 177 variantes lingüísticas, pero carece de un padrón oficial de intérpretes suficiente.
Hoy, la red está integrada por más de 300 jóvenes indígenas profesionalizados en áreas médicas y jurídicas, abarcando diversas variantes lingüísticas como el zapoteco, mixteco y mixe,. Su objetivo es suplir las carencias de un Estado que, a pesar de la diversidad lingüística, no garantiza intérpretes.
El director ejecutivo detalla la gravedad del diagnóstico que impulsó el proyecto: “Esta situación nació desde el 2019 ante un informe que llegó a nuestras manos en donde más de 1,200 personas indígenas privadas de libertad no tuvieron acceso a un intérprete, en donde más de 400 mil personas están accediendo a los servicios de salud en Oaxaca sin contar con un intérprete y por lo tanto no le pueden explicar a su médico sus síntomas”.
Derecho a un intérprete: un derecho llave
La organización impulsa la campaña “Sin intérprete no hay justicia”, bajo la premisa de que el idioma no debería ser una barrera para vivir. Martínez utiliza una metáfora central para definir su misión:
“El intérprete se convierte en un derecho llave, porque justo una llave te permite abrir puertas y el intérprete te permite acceder a la justicia, acceder a la salud, acceder a los servicios públicos que brinda el Estado. Y cuando el intérprete no está, las personas indígenas no pueden acceder a los derechos ni a los servicios que brinda el Estado”.
Para visibilizar esta crisis, REDIN ha innovado en sus métodos de protesta. Recientemente, realizaron una “olla comunitaria” frente al palacio de gobierno en Oaxaca, donde cocinaron e intercambiaron alimentos con la ciudadanía para exponer casos de violencia sistémica. Uno de los casos emblemáticos que denuncian es el de Sobeida, una mujer mixe de 87 años.
“La señora era excarcelada para ir a su audiencia (…) y cuando llegaba no estaba el intérprete y por lo tanto se suspendía la audiencia y tenían que regresarla a Tanivet. (…) El caso de Sobeida no es un caso aislado, es un caso sistemático que viven más de 7 mil personas indígenas que se encuentran privadas de libertad en México”.
Alerta por la gravedad
A pesar de haber recibido reconocimientos como el Premio Global al Pluralismo 2023 en Cánada y el Premio UNESCO-Madanjeet Singh 2024 por la Promoción de la Tolerancia y la No Violencia, la organización advierte sobre el peligro de que la sociedad civil asuma responsabilidades que corresponden a los gobiernos de México y Estados Unidos,.
“Nos preocupa que nos lleguen al día dos, tres requerimientos de interpretación, porque quiere decir que nadie se está haciendo cargo de esta situación y somos nosotros quienes estamos asumiendo desde la sociedad civil una responsabilidad estatal. (…) Si las instituciones de Estados Unidos están requiriendo intérpretes y llegan con nosotros, quiere decir algo que realmente nos alerta, que estamos haciendo un trabajo que no hace el Estado”
