Imagina la escena en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Un niño, a punto de someterse a una cirugía, se muestra renuente a quedarse hospitalizado. En un momento de tensión, una enfermera, encargada de su cuidado, recurre a la violencia y lo golpea.
Este acto, aunque pudiera parecer menor para algunos, tuvo consecuencias significativas para la servidora pública. El Órgano Interno de Control de la dependencia no dudó en sancionarla con la destitución de su cargo y una inhabilitación de seis meses para ejercer cualquier otro puesto en el servicio público.
Ante esta sanción, la enfermera intentó defenderse, argumentando que el día de los hechos se encontraba bajo un alto nivel de estrés laboral. Sin embargo, su argumento no fue suficiente. Un Tribunal Colegiado de Circuito analizó el caso y estableció un criterio jurídico firme: el estrés laboral o la alteración de los menores a cargo no eximen a los servidores públicos de su responsabilidad administrativa por cualquier acto de violencia que ejerzan contra ellos, por leve que sea.
La justificación de esta decisión se fundamenta en la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tal como lo establecen el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño y diversos artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (específicamente las fracciones VII y VIII de su artículo 13, y las fracciones V, VII y VIII de su artículo 103). Estas leyes garantizan su derecho a ser protegidos en su integridad personal y dignidad humana contra cualquier forma de violencia o abuso físico o mental.
De esta manera, la tesis emitida por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito deja claro que para todos los servidores públicos que tienen bajo su cuidado a menores, está totalmente prohibido ejercer cualquier tipo de maltrato físico, incluso si su intención fuera corregirlos. Esta resolución, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación el 24 de mayo de 2024, sienta un precedente importante en la protección de los derechos de la infancia frente al actuar de las autoridades.
