Tras tres días de escucha. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó las audiencias públicas sobre la invalidez de normas generales por falta de consulta a personas con discapacidad (PCD). Durante más de 15 horas de debate, se escucharon las voces de 89 personas que intervinieron, provenientes de 22 entidades federativas.
La gran mayoría de las intervenciones se constituyeron como un llamado de advertencia y una crítica a la propuesta inicial de la ministra Lenia Batres, ponente en la acción de inconstitucionalidad 182/2024. Exigieron ser escuchadas y tomadas en cuenta, manifestando que la flexibilización del criterio judicial equivaldría a un retroceso histórico en sus derechos.
Las audiencias finalizaron sin una fecha concreta para la resolución del asunto, aunque el ministro presidente, Hugo Aguilar, aseguró que la decisión se tomará “a la brevedad”. No obstante, laas ministras y ministros reconocieron la riqueza del diálogo y de manera particular la ministra Batres anunció que reformulará su propuesta respecto a la controvertida exigencia de que las personas con discapacidad deban reunir firmas para activar el recurso de inconstitucionalidad por falta de consulta.
Las exigencias de las personas con discapacidad, activistas y defensores de derechos humanos se articuló en torno a dos ejes principales: la defensa de la consulta como un derecho sustantivo y la condena a los aspectos regresivos de la propuesta en discusión.
Los participantes enfatizaron que el derecho a la consulta no debe ser visto como un mero requisito procesal o una concesión, sino como la expresión mínima de la democracia y la dignidad. El lema: “Nada sobre nosotras, nada sin nosotras”, resonó de forma contunden en el área de murales de la Suprema Corte, donde se realizaron las audiencias públicas.
Las intervenciones detallaron la profunda relevancia de la consulta:
“Las personas con discapacidad no pedimos compasión, pedimos participación. No queremos que hablen por nosotros, queremos ser escuchado cuando hablamos. Por eso pedimos a esta Suprema Corte que se mantenga viva la consulta previa con lo que verdaderamente es un acto de dignidad de inclusión y justicia constitucional, además una abogación convencional”.
Marco Polo López Santos, persona con discapacidad motriz, lo planteó claramente:”El derecho a la consulta es pues un derecho sustantivo, no es forma, es fondo”. Y por eso, Adriana Guzmán Moncada, quien se autoadscribió como mujer con autismo, alertó sobre el riesgo de reducirla a un formalismo que detenga los avances: “La consulta previa no puede ser una trampa jurídica que nos devuelva el silencio. Debe ser una herramienta de participación real, con accesibilidad, con representación diversa y con efectos vinculantes”.
Las voces neurodivergentes, como la de Yadira García Rojas, autista y fundadora de Autistas de México, apeló a la universalidad del derecho: “No venimos a pedirles, venimos a recordarles ministras y ministros que la dignidad humana se garantiza con la consulta, al escucharnos, incluirnos”.
Crítica a los Criterios Propuestos por la ministra Batres
La propuesta de la Ministra Batres de no invalidar automáticamente las leyes que “reiteran” derechos o que fueran consideradas “benéficas” si no han sido consultadas, fue señalada como una vía directa al paternalismo judicial.
La propuesta de requerir 30 o 15 firmas de PCD para que las Comisiones de Derechos Humanos pudieran interponer una acción de inconstitucionalidad fue una de las más rechazadas.
Maricel Meléndez Cisneros, abogada y persona con discapacidad, argumentó que esta medida “podría convertirse en una barrera jurisdiccional que se sume a las muchas que ya enfrentamos, físicas, geográficas, institucionales y sociales.
En ese mismo sentido, Paula Méndez, abogada especialista en derechos humanos y aliada del movimiento, calificó la limitación como “inviable” para el colectivo, pues exige una carga desmedida a personas que ya enfrentan obstáculos logísticos y financieros.
La comunidad alertó que, incluso cuando una ley “repite” derechos fundamentales, la falta de consulta oculta el riesgo de que la instrumentación sea inútil o perjudicial, especialmente en discapacidades invisibles.
Gerardo Aldusin Quintero, persona autista, advirtió sobre este peligro: “Al validar normas no consultadas bajo el pretexto de que son facilitadoras… La Corte está diciendo a todos los congresos del país, mientras lo vistan de derecho, no tienen que preguntar. Esto convierte el derecho a la consulta en una mera opción burocrática”.
Cintia Gabriela Ramírez, mujer autista y madre cuidadora, señaló que la lógica de la propuesta “presenta un problema de coherencia y de lejanía de la realidad disca”, equiparándola a la absurda idea de consultar a los pueblos indígenas después de que el Estado ya tomó decisiones sobre su territorio.
Los testimonios subrayaron que la realidad a la que se enfrentan las personas con discapacidad nada tiene que ver con lo que el poder judicial o legislativo cree que es mejor. La Ministra Yasmín Esquivel reconoció este desfase, señalando que las barreras no deben entenderse “desde nuestra perspectiva, sino desde la realidad que viven quienes las padecen”. Los ministros, al cerrar la jornada, se comprometieron a analizar todas las propuestas, incluyendo la necesidad de elaborar un protocolo de consulta, y a utilizar las 15 horas de testimonio para resolver los casos no “desde la frialdad de un expediente”, sino considerando a las personas que demandan la atención del Estado. El Ministro Figueroa manifestó su compromiso de que su voz “acompañará la deliberación de la acción de inconstitucionalidad 182/2024”.
