Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz pasaron 17 años en prisión preventiva oficiosa, acusados del asesinato de una regidora en Atizapán, Estado de México. En todo ese tiempo no tuvieron una sentencia condenatoria firme, ni acceso a un juicio justo.
El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que declaró al Estado mexicano responsable por violaciones graves al debido proceso y a la libertad personal, y ordenó reformar el marco legal del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, por ser contrarios a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En este nuevo episodio de Miradas al Derecho, con la periodista Erica Mora, Daniel García compartió su testimonio, acompañado de su abogado Simón Hernández. Denunció las torturas, las detenciones ilegales, las violaciones al debido proceso, y el abandono institucional del sistema de justicia mexicano.
El abogado Simón Hernández calificó la sentencia como un parteaguas para la región, al sentar precedentes jurídicos contra el uso excesivo de la prisión preventiva en América Latina e hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie sobre la prisión preventiva oficiosa. El Caso Daniel García Rodríguez y Reyes Atizar se ha convertido en símbolo de una lucha: la de miles de personas privadas de libertad sin sentencia, víctimas de un sistema que condena sin probar.
