La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la libertad inmediata y absoluta de Juana Hilda González Lomelí, una mujer que pasó casi dos décadas en prisión, tras haber sido acusada falsamente del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda de Wallace, activista recientemente fallecida.
La resolución se dio en el amparo directo 26/2022 y representa un fallo histórico en defensa de los derechos humanos. La Corte concluyó que la mujer fue víctima de tortura, pruebas fabricadas y violaciones graves al debido proceso, por lo que su condena de 78 años y 9 meses de prisión queda sin efectos.
¿Qué determinó la Corte?
La Primera Sala confirmó que:
1. Las confesiones fueron obtenidas bajo amenazas e intimidación mientras la acusada estaba detenida en un centro de arraigo.
2. La defensa no tuvo acceso a pruebas clave ni pudo contradecir testimonios.
3. Las pruebas que supuestamente la vinculaban al crimen, como cateos, registros y testimonios, derivaron de actos ilegales y carecen de valor probatorio.
4. Se ignoró el contexto de violencia de género y subordinación en el que ella vivía.
Principios jurídicos clave:
El fallo reitera que:
La tortura está absolutamente prohibida y toda prueba obtenida bajo coacción es nula.
La presunción de inocencia obliga al Estado a demostrar culpabilidad más allá de toda duda razonable.
La defensa debe ser materialmente efectiva, no solo formal.
Las personas juzgadoras deben juzgar con perspectiva de género, especialmente cuando se criminaliza a mujeres por la conducta de sus parejas.
La SCJN concedió un amparo liso y llano, es decir, sin reponer el proceso ni posibilidad de volver a juzgarla por los mismos hechos. Esta medida evita su revictimización y garantiza el principio de non bis in idem (no se puede juzgar dos veces por el mismo delito).
Este caso ha sido uno de los más polémicos del sistema penal mexicano. Diversas organizaciones nacionales e internacionales han documentado irregularidades en la investigación y denunciado que se fabricaron pruebas contra personas inocentes. La acusada fue señalada públicamente por Isabel Miranda, presidenta de la organización Alto al Secuestro, sin que existiera una sentencia firme en su contra.
Con esta resolución, la Suprema Corte marca un precedente contundente contra la fabricación de culpables, la tortura y la criminalización sin pruebas, y subraya que el respeto a los derechos humanos no puede sacrificarse en nombre de la justicia.
Comentarios en “SCJN ordena liberar a mujer acusada injustamente en el caso Wallace hace 20 años”