La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que simplifica el proceso para que las personas que adquieren bienes en remates judiciales puedan tomar posesión de ellos. Ya no será obligatorio tener la escritura pública para hacerlo.
¿Qué cambió?
La Corte declaró inconstitucional el artículo 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, una norma vigente desde 1943, que exigía contar con la escritura del inmueble antes de que el tribunal entregara la posesión al comprador.
Esto significaba que, aunque una persona ganara legalmente un remate, no podía tomar posesión del bien de inmediato, lo que generaba demoras, gastos adicionales y obstáculos innecesarios.
¿Por qué se eliminó esta exigencia?
La Primera Sala de la Corte analizó el caso a través del amparo en revisión 340/2019, y concluyó que exigir la escritura antes de entregar la posesión vulnera el derecho de propiedad. La Corte explicó que la adjudicación del bien en remate es suficiente para constituir la propiedad, y que la escritura es solo una formalidad, no un requisito indispensable para que el comprador ejerza su derecho.
Además, la Corte consideró que existen otros medios legales que dan certeza jurídica, como la resolución que aprueba el remate y la adjudicación judicial.
¿Qué implica esta decisión?
Esta resolución ya tiene efectos generales gracias a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad (DGI 5/2023). A partir de ahora, ningún juez podrá exigir la escritura para entregar la posesión de un bien adquirido en remate. Esto:
1.Evita que los compradores tengan que promover amparos individuales.
2.Acelera los procesos judiciales y reduce costos.
3.Garantiza mayor seguridad jurídica para quienes participan en remates.
¿Por qué fue necesaria la Declaratoria General de Inconstitucionalidad?
Aunque la Cámara de Diputados intentó reformar la norma, lo hizo fuera del plazo legal de 90 días que dio la Corte. Además, el proceso legislativo no se completó en el Senado. Por eso, el Pleno de la Corte confirmó que el artículo 496 debía ser eliminado del sistema jurídico.
