En una de las decisiones más trascendentales de los últimos años, la Corte Suprema de Estados Unidos ha restringido de forma drástica el uso de los llamados mandatos judiciales universales, una herramienta que permitía a los jueces federales suspender políticas federales en todo el país. El fallo, aprobado por 6 votos contra 3 y redactado por la jueza Amy Coney Barrett, representa un cambio de paradigma en el papel del Poder Judicial frente al Ejecutivo, pero también tiene implicaciones directas y alarmantes para miles de personas mexicanas y latinoamericanas nacidas en EE.UU.
El caso, Trump v. CASA, Inc., no resolvió la constitucionalidad de una nueva política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, pero dejó sin efecto los mandatos que la habían frenado a nivel nacional, permitiendo su implementación en lo inmediato. La política en cuestión redefine quién puede ser considerado ciudadano por nacimiento, y amenaza con negar ese derecho a hijos de madres y padres mexicanos en situación migratoria irregular o con estancias temporales.
El detonante del caso fue la Orden Ejecutiva No. 14160, emitida por Trump en mayo de 2025, la cual establece que una persona nacida en EE.UU. no obtendrá automáticamente la ciudadanía si su madre estaba en el país ilegalmente o con una visa temporal, y su padre no era ciudadano ni residente legal.
Implicaciones para la ciudadanía por nacimiento
Este cambio podría afectar a miles de familias mexicanas. De acuerdo al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en 2021, aproximadamente el 24% de los nacimientos en Estados Unidos fueron de madres hispanas, y de ese total, 8.2% de mujeres de origen mexicano.
La nueva política revierte más de un siglo de jurisprudencia basada en la 14ª Enmienda, y pone en entredicho la ciudadanía de origen de un número significativo de niños nacidos en territorio estadounidense.
Abogados y activistas advierten que esto podría derivar en una nueva generación de personas apátridas, sin ciudadanía mexicana ni estadounidense, especialmente en casos donde los trámites consulares no se hayan realizado o estén en disputa.
La Corte frena a los jueces, no a Trump
Aunque la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva, sí resolvió que los jueces federales no tienen autoridad para bloquear políticas para todo el país, sino solo para los demandantes directamente involucrados. Es decir, una familia mexicana en Texas que no haya demandado, podría quedar desprotegida, aunque un juez de Maryland haya fallado contra la medida.
Esta interpretación estrecha del Poder Judicial, basada en la Ley de la Judicatura de 1789, implica que los recursos jurídicos deben tener un alcance limitado, aunque la política impugnada afecte masivamente a terceros. Por lo que las familias migrantes tendrán que demandar caso por caso, lo que sobrecargará los tribunales y dificultará una defensa colectiva de derechos fundamentales.
Disidencias contundentes: “un paso hacia el autoritarismo”
Las juezas Sotomayor, Kagan y Jackson votaron en contra de la decisión y acusaron a la mayoría de socavar la protección constitucional. Sotomayor calificó la orden de Trump como “patentemente inconstitucional” y la decisión de la Corte como “un paso aterrador hacia el autoritarismo”, que “permite al Ejecutivo aplicar políticas ilegales contra quienes no puedan —o no sepan— demandar”.
Por su parte, la jueza Jackson advirtió que el fallo crea una doble vía legal: una para quienes logran acceder a los tribunales y otra, de impunidad, para los actos del gobierno contra el resto. Esto, enfatizó, “afectará más a los pobres, los sin educación y los migrantes”, quienes enfrentarán barreras sistémicas para litigar su derecho a la ciudadanía.
Un precedente que cambiará el litigio de derechos civiles
El impacto va más allá del caso migratorio. Al limitar los mandatos universales, la Corte obliga a los demandantes a recurrir a acciones colectivas bajo reglas procesales estrictas, lo que hará más difícil detener rápidamente políticas federales abusivas. En la práctica, esto empodera al Ejecutivo y debilita la capacidad de respuesta judicial ante violaciones masivas de derechos humanos.
Abogados de organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU), Mexican American Legal Defense (MALDEF), entre otras, ya han anunciado una oleada de demandas individuales y nuevas estrategias de litigio colectivo.
